El Ministerio de Cultura y Deporte de España dio luz verde esta semana el anteproyecto de la Ley del Cine y La Cultura Audiovisual, que lejos de limitarse a las películas, esta vez incluye otras producciones audiovisuales como documentales y series.

El proyecto se propone adaptar la antigua ley, aprobada en 2007, a la realidad actual. «El cine es solo una parte del ecosistema de creación artística e industrial audiovisual», reconoce el anteproyecto, que estará gestionado por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).

El Gobierno prevé que la ley entre en vigor el último trimestre de 2023, momento en el que ya se habrán celebrado unas elecciones generales que podrían cambiarlo todo.

Inclusión de las series

La nueva ley se abre a obras audiovisuales «que no estén destinadas en primer término a ser exhibidas en salas de cine», siendo estas las series, documentales y demás formatos, que podrán ahora optar a las subvenciones por primera vez. También las plataformas.

Resta determinar los montos y cantidades, que según informó el Ministerio, se conocerán en los próximos Presupuestos Generales del Estado, y abarcarán la producción, la exhibición, internacionalización, desarrollo de proyectos, digitalización de salas, apoyo a salas independientes o de núcleos rurales, y conservación del patrimonio.

Nuevas reglas sobre las plataformas

En vista de que las ayudas incluirán a las plataformas OTT, el gobierno determinó que deben cambiar las prácticas que les permiten mantener en secreto sus números de visionado. Así, las plataformas deberán aportar toda la información si el Gobierno lo solicita sobre las producciones españolas. Lo que cambia con la ley es que el ICAA adquiere el compromiso de publicar estos datos periódicamente.

Una nueva definición de «independiente»

La nueva ley promociona la producción local, con ayudas que priorizarán a los productores independientes, las producciones nuevas, animaciones y coproducciones internacionales. En cuanto a la definición de «productor independiente», la nueva ley propone una más laxa a la de la ley de 2007, que incluye los «encargos» de un productor independiente, aunque su sede social esté fuera de España.

La Ley del Cine asegura una mayor subvención a los proyectos que se rueden, se posproduzcan y se realicen en los laboratorios dentro de España. También premiará el uso de lenguas cooficiales con fondos o créditos específicos transferidos a las comunidades autónomas. Además, el Ministerio abrirá una nueva línea de ayudas para la distribución de cine español en el extranjero, como existe en Francia.

Requisitos para las salas de cine y clasificación de películas

Según el proyecto, todos los cines deberán respetar una cuota de programación de un 20% anual para películas de los Estados miembros de la Unión Europea o Iberoamericanas. Además, la ley destinará ayudas para la conservación del patrimonio cinematográfico realizado por la Filmoteca Española y las filmotecas autonómicas.

Por último, se determinó que las películas tendrán un certificado de nacionalidad y una calificación. La novedad de la ley es que introduce la «corregulación» en la que participará, además del ICAA, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, las personas físicas o jurídicas prestadoras de los servicios de comunicación audiovisual, las prestadoras de servicios de intercambio de videos a través de plataforma, las asociaciones de consumidores y usuarios, las empresas productoras, las distribuidoras y las exhibidoras.