El gobierno propuso un acuerdo extrajudicial para evitar una instancia judicial con el operador de TV paga por presunta interferencia tras subasta del espectro radioeléctrico.
En estos días, el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou de Uruguay, anunció que ha llegado a un acuerdo extrajudicial con la empresa de TV paga Multiseñal, propiedad de los canales 4, 10 y 12), por el cual pagará unos US$ 2,5 millones.
El acuerdo llega debido a que Multiseñal (Multicanal SA) presentó recursos administrativos y judiciales denunciando que los servicios móviles que autorizó Uruguay, en una reciente subasta de espectro, provocaría interferencias a sus servicios de TV paga y, debido a esto, no podría operar.
Los antecedentes del caso Multiseñal
El diferendo entre Multisñeal y el Estado uruguayo se remonta a 2011, cuando el gobierno del entonces presidente José Mujica, con el objetivo de adecuar la política nacional de telecomunicaciones a las nuevas tecnologías, exhortó a las empresas de TV paga que utilizaban frecuencias en la banda de 2.500 a 2.690 megahercios, para transmitir por el sistema de antenas, a que cambiaran de frecuencia.
Más recientemente se determinó que esa banda de frecuencia será utilizada para internet 5G.
En diciembre de 2019 se lanzó una subasta para la utilización de esa banda de frecuencia, a la que se presentó y ganó Telefónica (Movistar), y luego la estatal Antel, que no participó por su calidad de servicio descentralizado, se sumó aportando la misma cantidad de dinero.
A pesar de que las operadoras de TV paga habían sido exhortadas a retirarse de esa frecuencia de espectro radioeléctrico como máximo en enero de 2013, actualmente Multiseñal continúa funcionando allí y argumenta, entre otros factores, que es necesario hacer una inversión de alto costo para adquirir la nueva infraestructura.
En este contexto, tras lanzarse la subasta, Multiseñal presentó un recurso de revocación ante la Ursec, en el que señala que la nueva situación genera interferencias en su señal.
Si bien informes técnicos de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) y de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (DINATEL) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), concluyeron que esas interferencias no fueron probadas y que, por lo tanto, la empresa denunciante no estaría en condiciones reales de ganar el juicio, el gobierno anunció un acuerdo extrajudicial.
En este sentido, la presidencia de Luis Lacalle Pou habilitará el pago y Multiseñal, además de comprometerse a no iniciar un juicio contra el Estado, deberá dejar de usar la banda de frecuencia que le fue asignada para emitir su señal de DTH.
La migración de los suscriptores de Multiseañal podría realizarse a las operadoras de TV por cable Monte Cable, TCC y Nuevo Siglo, también propiedad de los canales 4, 10 y 12.
Según el Departamento de Administración de Espectro de URSEC, las pruebas presentadas referían a «situaciones atmosféricas especiales» y «otras causas de interferencias que no pueden ser probadas».
Por su parte, la Asesoría Jurídica de MIEM/DINATEL afirma que Multiseñal no ha podido demostrar que las interferencias «hayan sido ocasionadas por responsabilidad de los servicios de telefonía móvil, o por la actuación del Estado» y los receptores «no son aptos» para impedir interferencias.
Por estos momentos, el anuncio de este acuerdo extrajudicial y del pago de los US$ 2,5 millones ha instalado una fuerte polémica a nivel político entre sectores del oficialismo y la oposición.
