La Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados reclama al Gobierno avanzar e implementar el nuevo marco jurídico para dinamizar un sector que hoy está «rezagado».
Creada hace 25 años, la Cámara Uruguay de Televisión para Abonados (CUTA) cuenta con 83 operadores del interior del país, en su gran mayoría pymes, y que generan unos 2.000 empleos.
Sin embargo, la viabilidad del sector se ha visto «seriamente amenazada porque todo está orientado al crecimiento de internet y nos estamos quedando sin producto; las empresas no aguantamos más», comentó Washington Melo (foto), presidente de CUTA al diario El País.
Es que además, el modelo exclusivo de TV para abonados está «obsoleto» y «agotado», añadió Melo.
«Hoy estamos en la meseta de nuestras posibilidades, aunque, si se mantiene este modelo de negocio, vamos a desaparecer», afirmó el ejecutivo, quien subrayó que han habido esfuerzos de varios emprendedores que «se lanzaron con esfuerzo y valentía a recorrer el desarrollo de un sector que presentaba múltiples desafíos» hace más de 25 años.
En este sentido, los operadores locales llevan más de 25 años de inversión en incorporación de tecnología, innovación y creatividad.
«Todas las localidades del interior hoy cuentan con servicio de TV para abonados, inclusive con un nivel de difusión mayor al de Montevideo, de acuerdo con los últimos datos de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec)», destacó Melo.
Pero con el avance de las nuevas tecnologías, el sector a nivel global fue migrando hacia la convergencia de servicios sobre el tendido de la misma red de cable. Así se sumó la prestación de servicios de telefonía, acceso a internet, entre otros.
«En Uruguay quedamos rezagados en ese proceso», explicó el presidente de CUTA.
«En la anterior política de telecomunicaciones se decide que es conveniente priorizar a la empresa estatal, como prestador fuerte en servicios de telecomunicaciones con el despliegue de la red de fibra óptica en casi todo el territorio nacional», añadió.
En este sentido, además, también hay diferencias de enfoques en aspectos clave que hacen al marco jurídico vigente.
«El artículo 56 de la Ley de Medios vigente establece una incompatibilidad de que quien presta servicio de internet no puede cumplir servicios de TV para abonados y viceversa. Si bien esto fue un freno para el desarrollo de nuestro sector, también se presentó como una protección para las empresas nacionales. Hubo acuerdos con Antel para la optimización de recursos», explicó.
Sin embargo, la tecnología y la innovación siguieron su evolución en el tiempo con la creación de nuevas plataformas de contenidos VOD.
«Los contenidos comienzan a circular directamente por internet, sin llegar a la TV por cable, de modo que la protección prevista fue vulnerada; quedó por el camino», advirtió Melo.
En este sentido, el problema reviste aún mayor gravedad, dado que la Suprema Corte de Justicia estableció la inconstitucionalidad de la prohibición del artículo 56 de la actual Ley de Medios, entre otras disposiciones.
Por su parte, los proveedores de contenidos ya anunciaron que comenzarán a limitar contenido a la TV para abonados para llegar al cliente final desde internet a través de sus plataformas de streaming, de modo que “nos encontramos con un modelo que está agotado en Uruguay y el mundo”, alertó.
Avanzar en la nueva Ley de Medios
Pero con la llegada del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou se presentó un proyecto de Ley de Medios a consideración del Parlamento, donde «queda plasmado el compromiso electoral del presidente, con la derogación del impedimento legal a la comercialización de servicios de telecomunicaciones a la TV para abonados», dijo Mello.
En este sentido, los cableoperadores locales buscan «profundizar los acuerdos con Antel, con el objetivo de poder brindar servicios de telecomunicaciones».
Sin embargo, parecería que las expectativas de la CUTA han quedado nuevamente relegadas ya que la nueva Ley de Medios aún no ha sido implementada.
«Lamentablemente, hace más de un año y medio se sigue estudiando la nueva ley de Medios. Y cuando ya estaba para votarse en el Parlamento, aparecieron nuevos artículos y quedó todo trancado pese a la urgencia que afronta nuestro sector», comentó el presidente de CUTA.
En este sentido, para la CUTA es imprescindible avanzar en la nueva ley, y ponerle fin a la prohibición de prestar servicios de telecomunicaciones a las empresas de TV para abonados, ya que esto permitirá nuevas inversiones estimadas en más de US$ 15 millones inicialmente, con la creación de nuevos empleos y mayores beneficios para los usuarios, inclusive desde la cercanía. «Las empresas afiliadas a la CUTA no reclaman subsidios ni exoneraciones y tampoco privilegios, sino que quieren poner fin a una prohibición ilegal para ingresar al mundo de internet y de las telecomunicaciones con el objetivo de seguir apostando por el país con más inversiones, empleos y opciones para la gente», concluyó Melo.
